La Generalitat de Catalunya se aferra a una quimera y pone en jaque más de un millón de motos en 2030

La Generalitar de Catalunya ha propuesto una ambiciosa estrategia respaldada por una inversión de 1.400 millones de euros. Este plan, concebido para transformar la movilidad en la región, se estructura en torno a cinco ejes fundamentales.
Se refieren a la expansión de la infraestructura de recarga con la instalación de 9.000 nuevos puntos, el fomento de la demanda del vehículo eléctrico, la mejora de la percepción social de esta tecnología, el fortalecimiento de la cadena de valor industrial y una gestión eficiente de los recursos disponibles.
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La moto eléctrica desempeña un papel clave en la movilidad sostenible y este plan podría potenciar aún más su contribución, tanto desde el punto de vista del usuario como del sector industrial. Sin embargo, la patronal del sector de la moto, ANESDOR, indica que existe un apartado que genera gran preocupación dentro del eje de fomento de la demanda.
El problema no solo de la Generalitat de Catalunya con las motos etiqueta C

En él, se contempla la restricción de circulación para motocicletas con etiqueta ambiental C, lo que supone un impacto directo y desproporcionado sobre el parque motociclista para cualquier tipo de carnet de moto.
El texto reza así: “Promoción de la limitación paulatina de la motocicleta de combustión. Paralelamente a la implementación de restricciones graduales de circulación de motocicletas de combustión con etiquetas ambientales B y C, se establecerá un programa de transición industrial para promover la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas”.
Esta propuesta resulta inaceptable por varias razones. En primer lugar, se centra de manera exclusiva en la motocicleta, dejando fuera a otros vehículos como coches o furgonetas, que también poseen la misma etiqueta.
Es crucial recordar que, a diferencia de los automóviles, las motocicletas no cuentan con versiones híbridas ni propulsadas a gas que permitan obtener la etiqueta ECO.

Esto no se debe a una falta de innovación o compromiso medioambiental, sino a una cuestión tecnológica y estructural: el tamaño y peso de la moto hacen inviable la adopción de estas tecnologías sin comprometer su eficiencia y seguridad.
Más aún, las motocicletas homologadas bajo la normativa Euro5+ que actualmente se comercializan presentan niveles de emisiones inferiores a los coches con etiqueta ECO.
A ello se suma la gran cantidad de beneficios que las motos aportan a la movilidad urbana: menor ocupación del espacio público, mayor eficiencia energética y una huella ambiental reducida.
De hecho, la Comisión Europea ha reconocido estas ventajas y, por ello, no ha incluido a las motocicletas en las restricciones a los propulsores de combustión interna previstas para 2035 y 2050.
Más de un millón de motos afectadas

Si esta medida llegara a aplicarse, se verían afectados más de 1.180.000 motoristas en toda Cataluña, cuyas opciones de movilidad quedarían seriamente limitadas. De forma obligada, se verían forzados a adquirir nuevos vehículos sin que existan alternativas accesibles y viables para todos los usuarios.

En el caso de Barcelona, donde diariamente se registran aproximadamente 450.000 desplazamientos en moto, las consecuencias serían especialmente significativas.
La restricción no solo afectaría a quienes utilizan la moto como un medio de transporte eficiente y sostenible, sino que también tendría un impacto negativo en la fluidez del tráfico y el uso del espacio público, al incentivar el traslado de estos usuarios hacia otros vehículos de mayor tamaño y consumo energético.

El objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible es compartido por todos los actores del sector. Sin embargo, las políticas públicas deben ser realistas, inclusivas y fundamentadas en datos objetivos.
El sector pide rigor a las administraciones
Penalizar de manera injustificada a un segmento específico de la movilidad, como el de las motocicletas, no solo genera un agravio comparativo, sino que también va en contra de las propias evidencias científicas y normativas establecidas a nivel europeo.
En este sentido, ANESDOR hace un llamamiento a la Generalitat de Catalunya para que reconsidere esta propuesta y adopte medidas que realmente fomenten una transición justa hacia la movilidad eléctrica, sin perjudicar de manera arbitraria a miles de usuarios que han apostado por la motocicleta como una solución de transporte eficaz y sostenible.
José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “Desde ANESDOR valoramos positivamente el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico en general, pero incluir la medida de restringir todas las motos de combustión, discriminándolas respecto a otros vehículos es simplemente inaceptable. La moto de combustión no es el enemigo de la movilidad sostenible, sino parte de la solución junto a la moto eléctrica. El Gobierno de la Generalitat debería explicar a estos usuarios por qué quiere restringir el uso de sus motos, pero no plantea hacer lo mismo con los coches.”