El Gobierno pospone el plan de pago por las autovías

El Gobierno retrasará la medida por la que se empezará a pagar por usar las autovías. La fuerte controversia que se ha creado desde que se anunció, unido a la falta de consenso entre los socios del Gobierno y la oposición han sido los detonantes. Según explica, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, el pago por uso de autovías no llegaría hasta la próxima legislatura.

Sin embargo, existe un problema. Y es que el aplazamiento no cumpliría con el calendario remitido a Bruselas donde, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el modelo de pago por uso de las autovías tiene que estar listo para el 30 de junio de 2022 de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2024. Tomando como referencia las palabras de la titular de Transportes, la legislatura del actual Gobierno acaba el próximo mes de noviembre de 2023, por lo que se comenzaría a trabajar en la mencionada medida a partir de esa fecha.

Diferentes tensiones entre el Gobierno y sectores como el de transportes han propiciado que se atrase la medida. Por ejemplo, el plan contempla que los transportistas también tuvieran que pagar. Esto provocó amenazas de huelga para el periodo navideño, llegando finalmente a un acuerdo entre ambas partes: los camioneros no pagarán por usar las autovías, sino que el recargo se haría a las empresas.

Asimismo, desde el Gobierno defienden que el pago por uso sirve también atajar el problema de la discriminación que sufren los camioneros españoles, los cuales deben abonar peajes cuando viajan a muchos países del UE, mientras que el resto de camiones extranjeros no paga por las autovías españolas. La problemática es que la UE prohíbe la discriminación de cualquier ciudadano en función de su nacionalidad.

El plan de la viñeta sigue adelante

La propuesta de la viñeta, esto es, el pago de una cuota anual por el uso de todas las carreteras nacionales. De implantarse, afectaría a 25 millones de turismos, cinco millones de furgonetas y camiones y 1,8 millones de motos.

Según datos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), el importe sería de 87 euros anuales para los turismos; 435 para furgonetas y camiones y 43,5 euros para las motos. Sin embargo, el Ejecutivo apostaría por una cuantía inicial menor para luego ir equiparándola a la de otros países europeos.