CEA considera ilegal gravar fiscalmente las ayudas del Plan 2000E

Ante la actual situación de inestabilidad económica, el Gobierno español aprobó para «el estímulo de la economía y el empleo» el llamado Plan E, que incluye diversas medidas encaminadas a impulsar la economía. Entre dichas medidas el 22 de mayo de 2009 se publicó un Real Decreto que regulaba la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, era el denominado Plan 2000E que tenía por objetivo incentivar, la adquisición de vehículos, mantener el empleo en el sector de la automoción y estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes.

Bajo esta brillante declaración de intenciones se ha regulado una ayuda de 2.000 euros para los compradores de vehículos que ha producido un notable incremento en la venta de los mismos, lo que a su vez se ha traducido en una fuerte producción de ingresos extra para la Administración pública a través del impuesto de matriculación, el IVA, tasas de transferencia e incluso con posterioridad a la venta, a través del impuesto sobre los carburantes y el impuesto de vehículos de tracción mecánica.

La Agencia Tributaria obliga a declarar las ayudas del Plan 2000E

Pero no bastando con todos estos gravámenes, se ha anunciado recientemente por la Agencia tributaria, que los beneficiarios de las ayudas mencionadas durante el 2009 tendrán que declarar y tributar por las mismas como incrementos patrimoniales en la declaración de la renta (exceptuando las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya que han decidido que las ayudas del Plan 2000E no se verán reflejadas en el IRPF). Ello ha originado un gran revuelo e indignación entre los conductores afectados. Algunas asociaciones han presentado ya a la Agencia Tributaria propuestas para que se replantee el tratamiento fiscal de las ayudas públicas del Plan 2000E.

La opinión de CEA: no se ha ofrecido al consumidor una información completa y veraz

En CEA, consideramos totalmente improcedente gravar fiscalmente de esta manera una medida que había conseguido los frutos esperados en el sector automovilístico. Entendemos que no se ha ofrecido al consumidor una información completa y veraz de los costes fiscales que la operación de compra iba a acarrear. Así, nos encontramos con conductores, que si bien se hallaban exentos de presentar declaración por obtener rentas inferiores a la cuantía establecida en la ley, sin embargo ahora, por la ayuda recibida, deberán hacer declaración y tributar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Si jurídicamente siempre se ha pretendido defender al consumidor ante los abusos producidos por determinadas compañías y entidades, que en sus contratos omitían o establecían en letra pequeña y con vocabulario ininteligible las cláusulas perjudiciales, prohibiendo dichas cláusulas y obligando a informar claramente en dichos documentos de todas las condiciones que pudieran afectarle negativamente, para que pudiera dar su consentimiento de una manera libre y con total conocimiento de las cláusulas aplicables; no entendemos que la propia Administración Pública haya utilizado la práctica de la omisión y el silencio para obtener un beneficio propio. El consumidor se siente engañado.

Desde el Comisariado Europeo del Automóvil esperamos que la Administración dicte alguna medida que devuelva a los automovilistas la confianza en los poderes públicos y en su capacidad para ir suavizando los efectos de la crisis económica, sin perjudicar más fiscalmente al automóvil y al conductor.