La Comisión Europea publicó ayer el borrador del Reglamento comunitario que afecta a la homologación de vehículos de la categoría L. Esta propuesta incluye un paquete de medidas destinadas a aumentar la seguridad y a reducir las emisiones contaminantes de las motocicletas.

ABS obligatorio a partir de 2013

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ABS obligatorio a partir de 2013
Formulamoto
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Las nuevas disposiciones obligarán a las motocicletas de media y alta cilindrada a equipar sistemas antibloqueo de frenado (ABS) a partir de 2013, así como mecanismos automáticos de iluminación tendentes a mejorar la visibilidad de estos vehículos.

En cuanto a la normativa medioambiental, Bruselas plantea una reducción de emisiones contaminantes con varios límites -Euro 3, Euro 4 y Euro 5, y Euro 6 para las motocicletas- que tendrán que ir cumpliéndose en 2014, 2017 y 2020, respectivamente.

Si bien la propuesta de la Comisión parece razonable, ANESDOR considera que, dada la complejidad del asunto, los aspectos técnicos de la ejecución práctica del Reglamento deben ser cuidadosamente vigilados por el Consejo y el Parlamento Europeo, a fin de que el desarrollo e implantación salvaguarde los intereses de la industria y el empleo, especialmente considerando la delicada situación por la que atraviesa el sector de los vehículos de dos ruedas en España.

De igual modo, estos aspectos cruciales deben ser abordados en el desarrollo de los cuatro Reglamentos adicionales anunciados por la Comisión Europea, que contendrá los procedimientos de prueba, fichas técnicas y administrativas.

El Reglamento llega en un momento crítico para la industria de la motocicleta, que ha visto como la crisis económica ha reducido un tercio las matriculaciones de vehículos en la Unión Europea. En España, el descenso fue superior al 40% en 2009 y, de no revertirse la inercia en 2010, todo apunta a que el balance a final de año puede volver a ser negativo.

ANESDOR subraya la importancia de que estas medidas medioambientales y de seguridad se introduzcan progresivamente en atención a la correcta asimilación del mercado y a fin de no lesionar los intereses de los agentes económicos, de manera que el impacto económico del nuevo paquete legislativo no tenga una repercusión inmediata en el precio final del producto.