¿Y si las multas de emisiones de CO2 de la UE fueran ilegales?
Un reciente informe jurídico, pilotado por Martin Kment, director general del Instituto de Derecho Medioambiental de la Universidad de Augsburgo, cuestiona la legalidad de las multas impuestas a los fabricantes que no cumplan con los objetivos de emisiones de CO2 a partir de 2025.
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Martin Kment sostiene que el sistema de medición actual, centrado en las emisiones de escape de los vehículos, es obsoleto y viola la legislación europea.
El informe critica que esta metodología infringe los derechos fundamentales y los principios de la UE, señalando violaciones al artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que aboga por la protección medioambiental, y a los artículos 16 y 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, relativos a la libertad empresarial y la igualdad ante la ley.
Un método de medición de las emisiones que favorece a unos vehículos
La controversia radica en que el método de medición actual favorece a los vehículos eléctricos sobre otras tecnologías también ecológicas/sostenibles, como los combustibles renovables.
El informe, encargado por UNITI -asociación alemana de pequeñas y medianas empresas de combustibles y lubricantes-, advierte que esto conduce a una preferencia normativa unilateral que puede perjudicar otras soluciones ambientalmente viables.
Elmar Kühn, director general de UNITI, ha llegado a declarar que “el enfoque del tubo de escape, que viola la legislación de la UE, da como resultado una preferencia regulatoria unilateral por la movilidad eléctrica con baterías en detrimento de otras soluciones ecológicamente sensatas. ¡Esto tiene que terminar!”.
La legalidad de las multas en cuestión
Otro punto central del informe es la legalidad de las multas impuestas por la UE. Según el director general del Instituto de Derecho Medioambiental de la Universidad de Augsburgo, la Comisión Europea no tiene la competencia para imponer y recaudar multas sobre las emisiones excesivas de CO2 de los fabricantes de automóviles.
Esto se debe a que transferir estos ingresos al presupuesto general de la UE iría en contra de los tratados europeos. En una resolución adoptada en 2008, el Consejo Federal alemán ya había expresado dudas considerables sobre la competencia de la UE para introducir un impuesto de este tipo, vinculado a la protección del medio ambiente y en beneficio del presupuesto de la UE.
UNITI insta a los políticos a revisar la regulación actual de la flota de vehículos nuevos. Kühn enfatiza la necesidad de cambiar la metodología de medición a una que tenga en cuenta las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de un vehículo. Esta revisión, según UNITI, debería ser una prioridad en las directrices de la próxima Comisión de la UE.
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