Ley de Tráfico: la DGT permitirá el uso de intercomunicadores

Legalizar el uso de los intercomunicadores ha estado siempre en la hoja de ruta del colectivo motociclista. Tras años de pedir su introducción en la normativa de tráfico, este dispositivo pasará a ser legal gracias a la reforma de la Ley de Tráfico. Aprobada ya en el Congreso de los Diputados, aún le quedan dos pasos para que entre en vigor: ser ratificada en el Senado y, después, publicada en el BOE.

Dicho esto, el mencionado documento establece, que “no se considerará dentro de la prohibición, la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre y cuando no afecten a la seguridad de conducción”.

Esta medida sale a colación del artículo 13 apartado 3 de la actual Ley de Tráfico en la que se especifica que se prohíbe “la utilización de cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine”.

Reforma de la Ley de Tráfico: luces y sombras para el colectivo de la moto

Una vez se publica la mencionada reforma de la Ley de Tráfico, el uso de los intercomunicadores será completamente legal. Para las diferentes asociaciones motociclistas, es motivo de celebración, aunque mantienen que dicha reforma debería haber traído más cambios. Por ejemplo, reconocer la importancia de que el equipamiento obligatorio de los motoristas esté regulado en base a normativas técnicas de certificación u homologación.

También lamentan que no se haya prohibido la acción de localizar y avisar de los controles policiales en carretera. Según indican, “sorprende que una medida básica tanto para la seguridad vial como para la seguridad ciudadana y la de los propios agentes de la autoridad, haya sido rechazada por la mayoría de los partidos del Congreso”.