El Tribunal Supremo declara la compatibilidad del Guardia Civil de Tráfico para desarrollar actividades relacionadas con la Seguridad Vial en la Asociación Mutua Motera.

El Tribunal Supremo da la razón a Juan Carlos Toribio

Juan Carlos Toribio
GUARDIA CIVIL JUAN CARLOS DENUNCIA ESTADO N - II / 13 11 2008 / FOTOS : MAITE FERNANDEZ
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El Tribunal Supremo de Justicia da la razón a Juan Carlos Toribio en contra de la Jerarquía Militar, aunque sus mandos continúan expedientándole.

Tras conocer la firmeza de la sentencia favorable a Toribio, sus superiores le notifican una propuesta de resolución por la que le proponen 6 meses de suspensión de empleo y sueldo y cese en el destino. Esta sanción implicará en la práctica su expulsión del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil.

El pasado 7 de octubre Juan Carlos Toribio, Guardia Civil de Tráfico popularmente conocido por su pundonor en el ejercicio de la función pública y por su empeño en que la Ley se aplique no solo a los ciudadanos, sino también y especialmente a la Administración, sigue siendo víctima del cuarto expediente por denunciar el mal estado de la carretera y por colaborar en pro de los derechos y la seguridad de los usuarios de la carretera a través de la Asociación Mutua Motera (AMM).

En esta ocasión, la notificación contiene la propuesta de resolución impuesta por el Director de la Guardia Civil de nada menos que 6 meses y un día de suspensión de empleo y sueldo más la pérdida del destino, con lo que finalmente se saldrían con la suya de dejar a Juan Carlos fuera de la Guardia Civil de Tráfico.

Hemos de recordar que mientras el instructor del procedimiento pedía una sanción de 3 meses de empleo y sueldo, el director de la Guardia Civil ordenó que la sanción se elevara a 6 meses y un día y pérdida de destino.

Se da la circunstancia de que la notificación llega justo después de que la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo, declarara la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal Central Militar dando la razón a Juan Carlos y declarando su derecho constitucional a colaborar como voluntario con asociaciones de usuarios como la AMM, así como su compatibilidad no solo para colaborar, sino también para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad vial en defensa de los ciudadanos.