
¿Puede la D.G.T. gastarse casi 15 millones de euros en la actualización de contenidos de su página WEB? ¿Puede la D.G.T. no saber cuánto cobra en multas de tráfico?
El castigo a la inteligencia ciudadana desde nuestras administraciones públicas es un sello de presentación que deja desierta la confianza en su gestión. Todos unidos podemos darle una nueva forma, un nuevo destino.